Salamá en la Reforma Liberal

Luego del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 comenzarían a implantarse drásticas reformas al sistema político, económico y social de Guatemala, convirtiéndose en una pugna de poder entre el Estado y la Iglesia Católica. 

Desde el descubrimiento de América, la Corona española y la Iglesia Católica compartieron el poder político en estas tierras. De hecho, el papa Alejandro VI, mediante emisión de una bula en 1493 confirió a los conquistadores el derecho de propagar el cristianismo.
En el siglo XIX, alrededor de 50 años después de la Independencia, el gobierno liberal, encabezado por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, puso cuesta arriba la influencia que los eclesiásticos ejercieron por centurias, tanto en educación, ritos, costumbres y formas de pensamiento, así como en cuestiones políticas y económicas.
A partir de entonces, Estado e Iglesia son poderes diferentes. Ese fue el primer paso para construir la llamada “nueva nación”, idealizada por los liberales.
De esa forma se mantiene, técnicamente, el laicismo, término que la Real Academia Española define como “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”.
La Iglesia frente a los liberales
El “triunfo liberal” de García Granados y Barrios se materializó el 30 de junio de 1871. “Lo siguiente fue asentar su poder en los ámbitos político y legal”, refiere el historiador José Cal Montoya, experto en Ciencias Religiosas por la Universidad Rafael Landívar y miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
Los liberales, de esa cuenta, le restaron poder a los conservadores —sus antecesores— e instauraron sus propias políticas.
En lo económico, por ejemplo, fomentaron mayor actividad mediante la introducción del café y otros cultivos. También posibilitaron la fundación de los establecimientos bancarios para que financiaran las operaciones, e impulsaron una red de servicios que optimizaran la producción y comercialización de productos —de esa cuenta, nació la red ferroviaria—.

En lo político se buscó una liberalización de las instituciones existentes y promulgó una nueva constitución y otros códigos.
“Dentro de ese proceso, la Iglesia era uno de los primeros sectores a tomar en cuenta para llevar al éxito el programa liberal”, consigna el artículo La Iglesia de Guatemala ante la Reforma Liberal (1871-1878), cuyo autor es Cal Montoya.
Fue así que se le expropiaron sus bienes, y las órdenes religiosas fueron expulsadas del país. Para justificar tales medidas se desplegó una intensa propaganda en los diferentes medios de comunicación.
Los liberales sacaron provecho de la libertad de prensa que promulgaron el 5 de julio. “De esa manera echaron por tierra la censura civil y eclesiástica a la que estaban sometidas las publicaciones. Se hacía la salvedad, eso sí, de que todos los artículos estuvieran firmados y que no debían atacar la vida privada de los ciudadanos”, refiere Cal Montoya.
Esas disposiciones, sin embargo, no se cumplieron, pues apareció un sinnúmero de seudónimos pintorescos y que, además, satirizaron a ciudadanos connotados. “Se les dejó actuar, ya que eso les permitió a los liberales poner en marcha una extensa campaña de desprestigio contra la Iglesia y acelerar su proceso de desarticulación”, refiere el experto. “De esa forma se difundían las ideas progresistas entre la población”.
En ese entonces apareció el periódico El Malacate, dirigido por Andrés Téllez —amigo de Barrios—, el cual se convirtió en el medio escrito abanderado de la propaganda anticlerical del Gobierno, que tomó fuerza con otros medios como El Crepúsculo, La Guasa, Fray Gerundio, El Guatemalteco y, por supuesto, el Boletín Oficial.

Aunque tal situación complacía al ala más radical de los liberales, no lo hacía con García Granados —presidente provisorio—, quien deseaba implementar los cambios de forma progresiva, con una política moderada hacia la Iglesia. De esa cuenta, García Granados mantuvo la práctica de nombrar capellanes para el Ejército y le pidió al arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena que celebrara el oficio solemne por los soldados fallecidos en batalla.
Aún así, la actitud que se tomó hacia la Iglesia provocó disturbios que, constantemente, terminaban en levantamientos en la provincia. “Más que destruir a la Iglesia, lo que se perseguía era reducirla a un estado de subordinación más estricto”, indica Cal Montoya. “Lo que se perseguía era aprovechar de mejor manera los bienes eclesiásticos”, añadió.
Recrudece el conflicto
Una de las disposiciones liberales más fuertes fue la de transferir el sistema educativo a manos del Estado, convirtiéndolo en aconfesional, y se procuró que fuera gratuito y obligatorio.

Esto fue un choque porque, en ese momento, los jesuitas tenían una enorme influencia en la educación nacional. Las rencillas entre el Estado y la Iglesia aceleraron el proceso de “reforma religiosa”, el cual estaba contemplado dentro del programa del nuevo gobierno para alcanzar sus objetivos políticos y económicos.
Esas desavenencias, incluso, aparecieron antes de la consolidación de los liberales. En un oficio fechado el 2 de enero de 1871, el presbítero Felipe Betancourt informó al provisor del Arzobispado, el padre Espinoza, sobre las acusaciones contra los sacerdotes Piloña y Silva acerca del ejercicio de su ministerio, haciéndole ver que “en los tiempos presentes se estudia la manera de desvirtuar a los ministros de cultos a los cuales no les faltan gratuitos enemigos”.
Resulta bastante ilustrativo los casos de Manuel Grajeda, párroco de Nebaj, Quiché, y del presbítero Luis Guerra, quienes tuvieron que abandonar sus parroquias ante las amenazas de los entonces “rebeldes” liberales.

 

 

El plan original que proyectó Justo Rufino Barrios para la red ferroviaria, logrando realizar el circuito entre Guatemala y el Puerto de San José y el de Retalhuleu y Champerico.